Bienvenido a "Prensa de Buena Fuente"
Bajo el nombre de “Compromiso
Argentino de Solidaridad”, el documento será suscripto mañana ante la
convocatoria de la Casa Rosada para conseguir señales de consenso para sus
próximas medidas.
La convocatoria del Gobierno a las
principales entidades empresariales y gremiales tiene como ejes principales
lograr apoyos para la renegociación de la deuda pública y el plan oficial
destinado a la reducción del hambre y la pobreza. También, el gobierno se apresta
a lograr de esos sectores un fuerte compromiso a integrar y participar el
Consejo Económico y Social.
Las señales surgen del texto tentativo
del “acuerdo multisectorial”, al que accedió Infobae, que el gobierno procura
suscribir mañana en la Casa Rosada con la participación del Confederación
General del Trabajo (CGT) y las entidades del “Grupo de los Seis”, conformado
por la UIA, las cámaras argentinas del Comercio y la Construcción, la Bolsa de
Comercio y la Sociedad Rural Argentina, entre otras organizaciones.
El texto del documento, que lleva el nombre
de Compromiso Argentino de Solidaridad, es el siguiente:
La Nación atraviesa una situación de
grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca
para enfrentarla y superarla.
Los abajo firmantes, el nuevo Gobierno
y los representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos
sociales, asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta
emergencia. Sobre esa base, vamos a construir un conjunto de consensos para
lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.
Nos reúne una crisis que conlleva una
oportunidad y un deseo compartido: volver a ser una Patria unida, capaz de
acrecentar el bienestar de todas sus hijas e hijos sobre la base del trabajo,
la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza.
Vamos a construir una nación
solidaria, desarrollada y justa.
Para lograrlo, suscribimos este
compromiso patriótico solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos
para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder
juntos abocarnos a lo más importante.
Urgente es, en primer lugar, dar
respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren
hambre y problemas de alimentación.
Nos comprometemos solidariamente, ante
el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a
la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a
ninguna le debería faltar.
En segundo lugar, esa urgencia se
manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de
los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad
de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y
el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las
obligaciones que asuma el país.
Reconocemos también la prioridad de la
resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y
respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos
internacionales realizará el nuevo gobierno argentino. No será la mera
negociación de una administración. Lograr una solución sustentable será la
tarea colectiva de todo un país.
Esa gestión será un pilar necesario,
pero no suficiente, para comenzar a construir un Acuerdo Estratégico de
Desarrollo, que permita la unidad nacional más allá de las diversas posiciones.
Juntos, sin uniformidad ni unanimidad,
pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción
de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte
común.
Aceptamos el desafío de edificar
consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que
incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.
Esos acuerdos serán un conjunto de
instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas
definidas. No se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y
objetivos muy concretos.
Por ello, coincidimos en la necesidad
de poner en marcha un Consejo Económico y Social, que procese esos acuerdos en
debates multisectoriales e informados, con tiempos de maduración acordes a su
complejidad.
Nos comprometemos a ser parte de ese
Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el
Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su
creación.
Hay acuerdos que ya integran una
agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar
hacia soluciones en plazos breves.
Hay casos en donde ya empresarios,
sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos
sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel
de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación.
Otros acuerdos requieren estudios de
factibilidad avanzados y una arquitectura compleja. Deben ser tratados con
premura, pero también con la información rigurosa y el análisis profundo que
exigen.
Coincidimos en que esa agenda debe
incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de
actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos.
Comprendemos que la carencia de
información adecuada para la toma de decisiones consistentes ha llevado al
Gobierno a solicitar al Congreso facultades extraordinarias y un plazo de 180
días para acceder a esos datos y elaborar propuestas socialmente equitativas,
fiscalmente sostenibles y, en general, acordes a un país que quiere crecer y
distribuir la riqueza de un modo genuino.
En ese sentido, somos conscientes del
efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y,
en general, la tranquilidad de nuestros hogares. El reordenamiento fiscal y
monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante se debe ver
reforzado en su efectividad con el concurso de conductas sectoriales
responsables, en especial de los formadores de precios y los eslabones más
rentables de las cadenas de distribución. Nos comprometemos a poner nuestros
mayores esfuerzos en ese objetivo.
Nos comprometemos a trabajar en
paralelo en el tratamiento de un conjunto de propuestas sectoriales que, a
partir de la estabilización macroeconómica y social, puedan sentar las bases
para un nuevo y extenso tiempo de crecimiento con inclusión.
Coincidimos en la importancia de crear
más empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de
valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la
producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, alentar una integración
con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor,
enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo
joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular la economía
popular, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y
el hábitat a los sectores más postergados.
Es nuestra vocación acercar nuestras
propuestas prioritarias a las mesas de trabajo que convoque la Jefatura de
Gabinete de Ministros, así como participar de toda instancia de diálogo y
debate. Cuando compartimos decisiones es relevante manifestarlo públicamente.
También podrá haber disensos y en una sociedad democrática madura existen
mecanismos institucionales, establecidos por la Constitución, para resolver
esta convivencia en la diferencia.
La formulación de acuerdos requerirá
además el compromiso de todos los poderes del Estado. Es crucial en este
momento que, desde sus características institucionales, todos se sumen a este
proceso de diálogo y generación de consensos.
Entendemos que la discusión
parlamentaria del próximo Presupuesto Nacional constituye una primera
oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos,
los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan
convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.
Nos comprometemos a hacerlo en un
marco de respeto y máxima transparencia institucional.
Estamos convencidos y convencidas de
que la Argentina debe asumir unida sus desafíos. Superar las divisiones del
pasado, para construir el futuro. Juntos podemos atender mejor los desafíos más
urgentes de la deuda social y la deuda pública. Así, contribuiremos a construir
el país desarrollado y justo que todos y todas nos merecemos.
Fuente: Infobae


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