El
Gobierno acusó a Chile de intentar apropiarse de parte de la plataforma
continental argentina.
El "nuevo" mapa argentino
oficializado por el Congreso en agosto del año pasado. Chile reclama una parte
de la plataforma continental en el estrecho de Magallanes
Mediante un comunicado de
Cancillería, el Gobierno acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de
la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos
y oceánicos”, tras un decreto del presidente Sebastián Piñera de esta semana
que fijó los límites de su territorio soberano en la zona del Cabo de Hornos,
en el extremo más austral del continente americano.
La medida publicada ayer en el Diario
Oficial -el Boletín Oficial chileno- y fechada el pasado 23 de agosto, expone
una superposición en la delimitación territorial de soberanía de ambos países,
lo que oficializa un nuevo diferendo territorial con la nación trasandina.
“La medida intentada por Chile
pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de
una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma
parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, se señala en el escrito.
“Consecuentemente, la citada
pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una
situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los
derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y
el derecho internacional”, indica la nota difundida este sábado.
Desde 2020, el gobierno de Sebastián
Piñera venía cuestionando las pretensiones soberanas de Argentina con su
plataforma continental extendida y sancionada ley por Argentina. A partir de la
nueva medida oficial, el decreto estableció la plataforma chilena a partir de
las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de
Hornos.
Sin embargo, esta delimitación
incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte
de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2009.
“Esta medida pretende proyectar la
plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no
condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”,
expuso el comunicado de Cancillería, a cargo de Felipe Solá.
De acuerdo a los términos del Estado
argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta
zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020
por unanimidad.
Dicha ley no hace sino recoger en una
norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino
sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue
aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer
un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ni la presentación ni
la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, señala el texto del
ministerio de Relacion Exteriores.
La Comisión de Límites de Plataforma
Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar (CNUDM), y está integrado por 21 miembros elegidos sobre la
base de una representación geográfica equitativa. Se encarga de revisar los
datos presentados por los estados sobre la determinación de los límites
exteriores de la plataforma limítrofe.
La plataforma continental es la
prolongación natural de un territorio nacional que incluye el lecho y subsuelo
de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial. Hasta
las 200 millas de la plataforma abarca lo que se considera como “Zona Económica
Exclusiva”, es decir, el área marina que detenta un país en su derecho a
explotar para su provecho los recursos naturales vivos o minerales, como la
pesca, petróleo u otros.
No es el primer conflicto de esta
índole entre las gestiones de Alberto Fernández y Sebastián Piñera. A comienzos
de agosto, un error en un decreto de Fernández con directivas militares provocó
un fuerte reclamo de Chile, donde se fijaba la llamada “Directiva de Política
de Defensa Nacional”.
En concreto, en dicha normativa se
indicaba que el Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces se consideraba como
“espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el
estudio, la exploración y control conjunto”. Esto obligó al gobierno chileno a
enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes,
incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”. En ese diferendo,
el gobierno argentino reconoció que se trató de un yerro propio y que sería
enmendado.
En el caso de la disputa por los
límites de la plataforma continental, el conflicto ahora oficializado era
previsible. Sebastián Piñera ya había anticipado que presentaría el reclamo
ante la ONU para incorporar millas de soberanía sobre la plataforma marítima
del Mar Austral, para refutar el planteo que hizo el gobierno argentino hizo en
2009.
El 23 de 2020, Chile envió una nota
diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde
explicitó que el país “no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar
Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por
parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su
posición en ese sector”. En ese marco, el gobierno chileno reconoció no haber
emprendido la tarea de delimitación correspondiente que sí formalizó Argentina.
Cortesía: Infobae
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