La medida no fue discutida en comisiones y se aprobó sobre tablas; el Frente de Todos impuso sus dos tercios y aprobó la ordenanza; horas antes el presidente Alberto Fernández había advertido que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”
Jorge Ferraresi,
Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y hombre fuerte en el municipio de
Avellaneda, cuyo Concejo acaba de aprobar la expropiación de inmuebles vacíos o
"en desuso" Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación
A un año y medio
del inicio del mandato de Alberto Fernandez, las señales que emanan del
oficialismo son ya inequívocas: la propiedad privada está en discusión en la
Argentina. El fallido intento de expropiación de Vicentin o la negativa
presidencial de condenar la toma de un campo por parte de militantes que
responden a Juan Grabois fueron quizás algunas de las manifestaciones más
burdas, pero se inscriben en una serie de gestos y medidas concretas que
constituyen una tendencia. Si son las piruetas retóricas o concesiones
desganadas de un Presidente débil que busca seducir o no antagonizar con el
kirchnerismo, accionista mayoritario de su coalición, es a esta altura
irrelevante. Las palabras y los hechos tienen efectos prácticos.
El martes pasado,
en un acto en Mercedes junto al Gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto
Fernández fue claro: “Que los particulares entiendan, solidariamente, que no
tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un
terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo
herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar
alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos.”
Solo unas horas después, el Concejo Deliberante del municipio de Avellaneda aprobó sin previo debate una ordenanza que establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas Si no lo hacen, el municipio puede declarar la utilidad pública y expropiar.
Avellaneda es el bastión del actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el ultrakirchnerista Jorge Ferraresi. De hecho, el funcionario es aún el intendente en uso de licencia, y fuentes en la oposición municipal aseguran que su incidencia sobre la gestión del municipio es gravitante. “Viene aproximadamente cada 15 días, todo lo que aquí sucede pasa por él”, aseguran. El mandatario local en uso de licencia es aún recordado por un polémico acto a fines del 2019, cuando al asumir como mandatario local se hizo tomar el juramento por niños que leían un texto cargado de elogios a Néstor y a Cristina Kirchner.
Concretamente, la ordenanza crea el Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada. Los criterios según los cuales el municipio decide qué inmuebles entran en el mencionado registro provienen del artículo 84 de un Decreto Ley provincial (el 8912/77) del año 1977, en plena dictadura militar. Si el inmueble cae bajo esos criterios y entra en el Registro, el dueño debe empezar a pagar un 50% más de impuestos en concepto de la Tasa por Servicios Generales, además de intimársele a construir. Si en un plazo de tres años no se avanzó en ningún tipo de construcción o modificación, se empieza a pagar otro 50% por encima del aumento del primer año de plazo, una cifra que irá aumentando todos los años. Luego, al cabo de ocho años después de que el inmueble quedara inscripto en el Registro, y siempre bajo la condición de que no se haya construido, el municipio queda facultado para declararlo de utilidad pública y expropiarlo. La expropiación debe ser aprobada por la Legislatura provincial y realizarse a cambio de una indemnización, según establece la Constitución provincial. Es decir, el inmueble puede ser expropiado por el municipio por la mera ausencia de construcción, aún cuando se pagaron los impuestos en tiempo y forma, e incluso cuando se lo hizo con un nivel de aumento impositivo notoriamente elevado.
“Es muy grave que se esté hablando de expropiar a una persona que por ejemplo compra un lote para protegerse de los vaivenes económicos de la Argentina, o porque quiere que en 10 años un hijo construya su casa. Constituye una grave avanzada sobre la propiedad privada”, dijo Rubén Conde, concejal de Juntos por el Cambio en el municipio.
Sebastián
Vinagre, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio,
coincidió: “La medida interpone una obligación nueva e innecesaria a los
vecinos de Avellaneda. Una persona puede querer tener un terreno vacío para
capitalizarse o resguardar sus bienes. De ahora en más, eso podría ser
imposible”, expuso.
Recordar los dichos expuestos por la Sra Cristina Fernandez de Kirchner en su mandato como Presidenta de la Nación Argentina
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