En
Mendoza, quienes ocupen ilegalmente terrenos se quedarán sin los subsidios
oficiales. Este año ya hubo intentos de tomas de tierras y se busca desalentar
este accionar delictivo.
MENDOZA.-
Mientras en el país se debate qué hacer con las tomas de tierras y crecen los
intentos de los usurpadores, en la provincia del oeste argentino se sancionó
una ley que pone blanco sobre negro a este delito: quien ocupa ilegalmente un terreno pierde los beneficios sociales.
El Senado aprobó este martes la norma que establece quitar los subsidios oficiales a quienes avanzan sobre tierras impropias. La iniciativa fue presentada en setiembre por el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador), quien buscó complementar con otro "castigo" las sanciones que prevé el Código Penal.
De esta manera, los usurpadores
"no podrán ser beneficiarios de planes sociales otorgados por el gobierno
de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de
subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto".
También, no recibirán beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV),
y apunta a que el gobierno nacional, con la información local, proceda con el
cese de todo tipo de asistencia.
"La ley pretende que el ciudadano
mendocino que cumple con la ley y no comete delitos esté en una posición mejor
que aquella persona que comete delitos, por medio de la violencia y usurpa
tierras. Ese el planteo de fondo", expresó Difonso.
La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14 negativos y tres
abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
El senador
radical Juan Carlos Jaliff defendió la iniciativa del diputado Difonso.
"De cierta manera los que me han precedido en el uso de la palabra nos
está mostrando la razón. Pretendemos que aquellos miles de mendocinos que no
usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto
de la ayuda del estado", precisó.
Al momento de la
exposición, la senadora justicialista Cecilia Juri cuestionó que la propuesta
solo fue aprobada en la Cámara de Diputados por el bloque oficialista.
"Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas.
Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al
tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de
más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este
proyecto y dejar de lado otras iniciativas", indicó.
El texto
sancionado establece como requisito para el otorgamiento de beneficios de
planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados
del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de
los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código
Penal, mientras dure su condena.
Asimismo, dispone
que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del
Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a
entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer
efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte
de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.
"No sólo la
pronta sanción de la presente Ley, sino también la pronta difusión por medios
masivos de comunicación de que en Mendoza ya se está previendo el avance de
esta modalidad de toma de tierras, por lo que a fin de evitar problemas
mayores, es dable anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen
que este método de usurpación es una solución a su medida", resalta el
legislador en el texto de la norma que finalmente se convirtió en ley en tierra
cuyana.
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