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"Tras el anuncio del Gobierno"
Con
7 mil firmas, jubilados presentaron una demanda colectiva para que se vuelva a
la ley de movilidad de Mauricio Macri
Lo hizo el Defensor de la Tercera
Edad, Eugenio Semino. “Queremos evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados
para que no haya una nueva ola de litigiosidad”, explicó.
Con la firma de unos 7 mil jubilados, el Defensor de la
Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó este viernes ante la Justicia una
demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto
por el gobierno nacional, solicitando que se declare su inconstitucionalidad.
La demanda fue presentada en el Juzgado Federal de
Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia
Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino
adelantó que pedirán un recurso "per saltum" para llegar a la Corte
Suprema.
"Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de
la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario,
Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones", contó
Semino en declaraciones a radio Continental.
"Lo que se apunta -indicó el funcionario- es
tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del
juicio, como en el caso Badaro, entre otros, donde la larga espera hasta que
sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan
gozar de su derecho".
En este sentido, al explicar los detalles de la presentación,
Semino sostuvo que están "planteando la inconstitucionalidad y una medida
cautelar para que se aplique a todos por igual, para que se aplique el índice
que había generado la ley de movilidad".
Asimismo, manifestó que los
que cobran la jubilación mínima están exceptuados de esta presentación
"porque con el nuevo esquema están
percibiendo 192 pesos más por mes respecto del esquema anterior".
"La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se
fije otro tipo de movilidad. Lo que estamos tratando es de evitar y ayudar al
Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de
litigiosidad", insistió.
El gobierno nacional dispuso un aumento para todos los jubilados
de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos y la Defensoría argumenta que mientras que para
los que cobran la mínima implica un incremento, para los que perciben por
encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior
cálculo jubilatorio.
La Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la
mínima el nuevo esquema que estableció por decreto el Gobierno implica un
incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida
de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.
Cuando anunció el nuevo aumento, el Presidente lo presentó como
un nuevo esquema “solidario” que favorece a los jubilados que menos cobran
frente a los que más ganan. En rigor, según cálculos técnicos, el Gobierno
podría ahorrar unos $5.100 cada mes,
y la cifra podría crecer hasta los $100.000 millones en todo 2020 si se repite
el mismo régimen de aumento a mediados de año.
Los aumentos con suma fija tienen como consecuencia el
“achatamiento” de la pirámide de ingresos, porque los jubilados reciben casi el
mismo momento por igual, con lo cual los que perciben los haberes más bajos
comienzan a “alcanzar” a los de haberes medios. Esa situación ocurrió durante
el Gobierno de Néstor Kirchner, que eligió dar aumentos por decreto con sumas
fijas y de ese modo creció sensiblemente la cantidad de personas que terminaron
cobrando la jubilación mínima. Hoy, esa proporción bajó hasta menos de la mitad
de los jubilados. Con el aumento de Fernández, la totalidad de los jubilados
que hicieron aportes a la seguridad social durante su vida laboral terminaron cobrando menos de lo
que les hubiera correspondido si seguía en práctica la Ley de Movilidad
sancionada a finales de 2017 por iniciativa del Gobierno de Mauricio Macri.
Hace diez días, el Gobierno convocó a una comisión con miembros
del Poder Ejecutivo y el Congreso para comenzar a diseñar una nueva ley de
Movilidad Jubilatoria. A pesar de que el plazo de la suspensión de la ley
anterior concluye en junio, hasta ahora no se conocen detalles del nuevo proyecto
legislativo.
Con
información de Télam.
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